El asesinato de 19 personas en Cimitarra y Puerto Boyacá fue abreboca para el contrabando y una cadena de desgracias

 

Por Olga Materón

Don Alfredo, fue el primer hombre en nuestro país que comenzó con el contrabando. Los cigarrillos, los relojes y el Whisky traídos de Estados Unidos fueron su principal fuente de ingreso para iniciar con la moda de los 70 en Colombia de contrabandear. Según la Conversación de Germán Castro Caycedo con Pablo Escobar en el año 1987 publicada en la revista Cromos el 7 de noviembre de 1994, Don Alfredo logró meter en barco treinta ocho camiones llenos de contrabando.

Poco tiempo después, surgen otros contrabandistas como ‘Ramoncachaco’ que era trabajador de don Alberto y Pablo Escobar que fue pupilo de Don Alfredo otro de los mayores contrabandistas de Colombia en la época,  por supuesto aparecieron más personajes que marcaron la guerra del contrabando en nuestro país que dio inicio también a la Guerra del Marlboro, dejando las primeras víctimas fatales de la violencia que desataba la lucha del poder y control de la actividad ilegal para después dar entrada a las víctimas que vendrían por el negocio de la droga.

‘Ramoncachaco’, Don Alfredo y Don Alberto se pasaron al narcotráfico, viendo que podían comercializar el contrabando con facilidad decidieron que sería igual de sencillo en ese entonces comenzar con la cocaína. El negocio fue rentable y la compra de avionetas y automóviles marcó el inicio de otra era a la cual los gringos denominaron los carteles de droga. El dinero y el poder formaron parte fundamental de la construcción de las organizaciones de estos personajes y fueron modelo a seguir para muchos jóvenes que crecían viendo esta dinámica ilegal.

Aunque los personajes mencionados trabajaban en Medellín, este fenómeno se extendió por todo el país viéndose como una actividad lucrativa y exitosa. Los controles por parte de las autoridades eran prácticamente nulos y la facilidad que había de pasar mercancía de un lado a otro era evidente, tanto que los altos mandos militares comenzaron a alarmarse por el incremento de la corrupción por parte de la misma institución que con sobornos o pago de favores permitía el paso de grandes lotes de mercancía ilegal.

Existe uno de los más representativos  hechos que marcaron la historia de nuestro país y de nuestra región, donde 17 comerciantes de contrabando fueron torturados y posteriormente asesinados en Cimitarra y Puerto Boyacá en octubre de 1987. La masacre fue planeada por miembros del Batallón Bárbula y paramilitares del grupo al mando de Henry de Jesús Pérez Duran, por orden del Brigadier General Farouk Yanine Díaz, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como Director de la Escuela Militar de Cadetes[1]. El crimen fue planeado después de haberse reunido con miembros del ejército justificando que los comerciantes pasaban armamento a la guerrilla.

Fuente: Consejería Presidencial para los Derechos Humanos

El 8 de octubre de 1987, las 17 víctimas se movilizaban en  diferentes vehículos hacia la ciudad de Medellín, con mercancía de contrabando avaluada en 70 millones de pesos, fueron interceptados en la Inspección de Policía Puerto Araujo, de Cimitarra, por los miembros del Batallón Calibío: Teniente Néstor Raúl Vargas Morales y Cabos Segundos José Emilio Meléndez Portilla y Luis Eduardo Vera Nieto. Posteriormente fueron llevados a manos de los paramilitares, los comerciantes fueron descuartizados y tirados al río Ermitaño, en un sitio llamado El Mango.

Dos de los familiares de uno de los comerciantes, fueron al sitio después de haber recibido un anónimo para que recogieran el cuerpo, pero no encontraron el cadáver y si corrieron con la misma suerte de los otros 17 comerciantes, haciendo un total de 19 víctimas. La masacre fue noticia nacional y declarada como una de las más grandes. En Bucaramanga el ejército nacional se vio forzado a reivindicar a las víctimas después del asesinato múltiple.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó el hecho como Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia[2]  y en la Sentencia del 5 de julio de 2004 (Fondo, Reparaciones y Costas) se interpuso una demanda al Estado de Colombia por parte de la comisión con base en el artículo 61 de la Convención Americana, con el fin de que la Corte decidiera si el Estado violó los artículos 4 (Derecho a la Vida) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana por la detención, desaparición y ejecución el 6 de octubre de 1987 de los comerciantes Alvaro Lobo Pacheco, Gerson Rodríguez, Israel Pundor, Angel Barrera, Antonio Florez Contreras[3] Carlos Arturo Riatiga, Victor Ayala, Alirio Chaparro, Huber Pérez, Alvaro Camargo, Rubén Pineda, Gilberto Ortíz, Reinaldo Corso Vargas, Hernán Jáuregui, Juan Bautista, Alberto Gómez y Luis Sauza y de Juan Montero y Ferney Fernández.

Fuente: bucaramanga.gov.co

No solo se estableció que el estado debía reponer el daño de alguna u otra forma a todos los familiares de las víctimas sino que además era justo que se pidiera una disculpa pública por la masacre. Por ello, en el  Parque de los Niños ubicado en la ciudad de Bucaramanga se levantó un monumento en honor a las 19 comerciantes, el cual estuvo por aproximadamente seis meses en el Batallón local, pero que debido a una tutela interpuesta por un familiar de una de las víctimas se logró sacar la escultura y posteriormente se ubicó en el parque mencionado.

Es difícil que todos los habitantes sepan la historia que trae la pieza artística y el significado que tiene para nuestra región y para el país como tal. Sin embargo, cuenta con una breve reseña del hecho y con los nombres de todas las víctimas de la masacre. La escultura fue creación de Juan Arreaza y terminada en el 2011. Frente a al monumento el ex vicepresidente de la República Angelino Garzón, en nombre del Estado, cumplió con la sentencia y pidió perdón a las víctimas por el atroz crimen.

Aunque la escultura representa parte de la historia de nuestro país y define la dinámica del contrabando, la importancia que tiene para la ciudadanía es prácticamente nula y ello se refleja en el estado en que se encuentra la escultura, el descuido al mantenimiento de la misma por parte de los entes responsables de resguardar y defender las obras consideradas como patrimonio nacional, es triste ver como se deja en el olvido un hecho que marco el inicio de una serie de actos violentos, cómo olvidar algo que aunque sucedió hace más de 25 años sigue presente en una sociedad que olvida y desconoce su pasado, por ello constantemente lo repite.

[1]Colombia nunca más. Desaparición de 19 comerciantes y Masacre de la Rochela, [consulta 21-08-2014]. Disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z14I/anexo.html

[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Sentencia de 5 de julio de 2004 (Fondo, Reparaciones y Costas).

[1]En su escrito de demanda la Comisión Interamericana indicó que los apellidos de esta presunta víctima son Flórez Ochoa. Sin embargo, posteriormente, de conformidad con la prueba documental sobre eventuales reparaciones y costas la Secretaría solicitó a la Comisión que aclarara cuáles son los apellidos correctos de esta presunta víctima, ante lo cual la Comisión rectificó que los apellidos correctos son Flórez Contreras.