Las inconsistencias y limitantes de las medidas de protección
Defendernos es un derecho, tenemos desventajas por ser parte de algunas comunidades en un país sumergido en violencia, impunidad y discriminación. Los líderes y lideresas sociales han sido asesinados sistemáticamente y el Gobierno de turno parece no reconocer que quienes defienden la vida, los derechos humanos y el territorio corren un riesgo inminente.
Las medidas de protección que existen en la actualidad en Colombia tienen muchas inconsistencias y limitantes, esta realidad debe ser mostrada como un vacío que pone en riesgo la vida de estas personas. Existen por ejemplo, al momento de llenar el formulario de solicitud de protección, varias opciones en las que la persona debe indicar a qué pertenece o qué actividad realiza, por lo general solo se marca una opción pero se pueden elegir más, lo cual le daría mayor peso al momento de que su caso sea evaluado en el CERREM (Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas).
En el 2016 fueron recepcionadas 45.563 solicitudes provenientes de diferentes lugares del país, en el 2017 fueron 46.107 y para el 2018 estábamos hablando de 47.108, un evidente incremento que demuestra el llamado de líderes y lideresas sociales a que se den garantías para mantener nuestro trabajo en los diferentes territorios sin ser asesinados y asesinadas o tener que salir de los municipios por amenazas que atentan contra nuestra integridad y la vida de nuestros familiares.
Lo que muchas personas no saben, es que cada caso es ponderado, se saca un porcentaje para determinar qué grado de riesgo tiene y posteriormente clasificarlo entre: riesgo ordinario, riesgo extraordinario o riesgo extremo. Esto fue planteado a través de la Sentencia T-719 de 2003 en donde el Estado Colombiano se vio obligado a clasificar los niveles de riesgo para determinar a quiénes se les asignan las medidas de protección. Son los analistas de la UNP quienes le asignan los porcentajes basados en lo que usted escribe en el formulario de solicitud, estos analistas son; ex integrantes del DAS, policías activos y algunos civiles contratistas, aunque no nos dicen, usted puede elegir qué tipo de analista quiere (no recomiendo a los ex integrantes del DAS).
Si usted no alcanza el puntaje de riesgo extraordinario o extremo sencillamente no tiene derecho a ningún tipo de medida asignada por el Estado, le queda es conocer medidas de autoprotección como por ejemplo, variar las horas en las que realiza sus actividades diarias, cambiar los recorridos, siempre informar en dónde y con quién se reunirá, no hacer público su cronograma de actividades, entre otras. Pero si usted clasifica, le brindarán un botón de pánico, un celular únicamente para llamadas y un chaleco antibalas o también un carro con un modesto cuerpo de seguridad.
Ahí tenemos un problema, imagínese usted una persona en Barrancabermeja o Buenaventura, que tenga que estar 24/7 con un chaleco pesado que además genera dificultades para movilizarse en un territorio que permanece con temperaturas sofocantes y súmele que sea una mujer, estos chalecos no están diseñados para nosotras, el portar esta medida puede generar dolor y marcas en la piel y en los senos.
Con respecto al botón de pánico, quisiera mencionar la investigación de la periodista Claudia Julieta Duque del equipo Nizkor, ella descubrió que el Gobierno escuchaba conversaciones de líderes y lideresas sociales a través de estos aparatos. Después del escándalo de las ´chuzadas del DAS´ se realizaron unas reformas y fue la UNP quien asumió la responsabilidad de brindar medidas para garantizar la vida de las personas amenazadas en Colombia y francamente estos botones no generan plena confianza después de conocer la investigación de la periodista.
El botón debe estar cargado las 24 horas del día y está equipado con un dispositivo que permite identificar la localización geográfica de la persona, permite establecer conexiones de voz entre quien lo tiene y lo monitorea, este botón de pánico se ha venido entregando a personas desplazadas, líderes sindicales, comunitarios, afrocolombianos, reclamantes de tierras, mujeres líderes de procesos locales con perspectiva de género, miembros de la Mesa de Víctimas en diferentes regiones del país, así como a algunos concejales, periodistas y defensores de derechos humanos.
Como demostró Claudia Julieta, la UNP no pidió autorización a nadie para escuchar conversaciones ni establecer conexiones de voz con nadie. Si bien el botón (es fabricado por Shenzhen Co-Creation Technology Co Ltd a través de la empresa COMCEL S.A) tiene un teléfono pequeño dibujado a un costado, solo se enseñó a oprimir el botón del centro que dice “SOS”, entonces ¿Qué esconden que no informan a las personas sobre las funciones de este dispositivo?
Ahora, si usted está en riesgo extremo podrían asignarle algunas medidas como un carro con un conductor o reasignarle vivienda en otro lugar. Acá ya tenemos más problemas, primero, hay casos reportados de personas con esta primera medida, pero cuando llega por ejemplo la noche, el conductor se va, deja a la persona en riesgo en su lugar de residencia y nuevamente queda expuesta como si durante la noche nadie nos fuera a asesinar.
Además, el tema de la gasolina no es cubierto en su totalidad por la UNP, los líderes y lideresas sociales deben asumir este costo la gran mayoría de veces, en otros casos, si hay dos personas en riesgo que residen relativamente cerca y que han solicitado esta medida, se les hace fácil asignar un carro para ambas, lo cual es ridículo porque tienen cotidianidades diferentes, trabajos, familias y dinámicas distintas.
Vamos ahora con la reasignación de residencia, pues con esta medida se busca hacer que la persona corte todo contacto con su entorno cotidiano para evitar que sea asesinada, sin embargo, esta medida caduca y ¿después qué? Vuelve la persona al mismo lugar, sin nada, sin empleo, a recuperar su vida nuevamente y se supone que el riesgo ya no estará, absurdo. Así mismo, no representa un beneficio para el país, sacar a quienes defienden los derechos de las personas de los territorios no es la solución, ello hace que las comunidades queden aún más solas y expuestas. Lo que necesitamos es que haya muchos líderes y lideresas sociales en toda Colombia, que la gente defienda a quienes les defienden y que el Estado irresponsable por fin se encargue de brindar garantías para que no nos sigan asesinando.
Para solicitar protección:
- Diligenciar el formulario
- Adjuntar fotocopia de cédula
- Conseguir acreditación o certificación sobre sus actividades de liderazgo en el territorio (pregunte en la Defensoría del Pueblo)
- Haga un relato detallado denunciando los hechos
Envíe esto a correspondencia@unp.gov.co y a atencionalusuario@unp.gov.co, así mismo recuerde la importancia de reportar las amenazas llamando a la Fiscalía (línea para reportar amenazas 3506011181) o preferiblemente yendo directamente a hacer las denuncias.
Tenga en cuenta que:
- Durante la cita con el analista pida que le firme un documento de que recibió todo lo que usted le dio.
- Diga que desea que la respuesta o cualquier información que le respondan de la UNP, relacionado con el formulario NO se la entreguen vía EMAIL, sino en físico.
- Solicite el acompañamiento de la ONU (le deben indicar qué paso seguir)
Espero sirva de algo este contenido, en mi caso, no supe diligenciar bien el formulario, quien me hizo el acompañamiento no explicó tampoco sobre la importancia de escribir los detalles en el último espacio del formulario y marqué de manera incorrecta algunos puntos. Así, en algunos encuentros nacionales con líderes y lideresas LGBTI que han sido amenazados pudimos identificar que no solo me sucedió a mí, sino que es una constante en quienes iniciamos los tramites para solicitar garantías.
Si desea mayor información:
olgajmateron@gmail.com
Twitter: @OlgaMateron
Fanpage: Olga Materón